Pasado el mediodía resistenciano, el presidente del Tribunal Oral Federal, Víctor Alonso, leyó ayer la sentencia condenatoria contra diez policías y dos militares que torturaron, violaron e hicieron desaparecer personas desde septiembre de 1975 y hasta el regreso de la democracia, en 1983.
Los doce fueron condenados a la máxima pena prevista para el tipo y la cantidad de delitos que se les imputaron, que no fueron los mismos para todos los casos, por lo cual diez de los acusados recibieron condenas de 25 años de prisión, y los dos restantes, 15. Es el primer fallo chaqueño sobre los crímenes de la dictadura y sentará jurisprudencia para los más de 70 casos de tormentos agravados que se están investigando todavía en la provincia.
Con la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, la causa se paralizó durante años, pero la reapertura de las investigaciones permitió que las víctimas obtengan por primera vez en 35 años algo que le fue negado siempre: Justicia.
Sin revanchismo
El ex preso detenido en la U7 y actual diputado de la provincia de Buenos Aires, Miguel Bampini, valoró que “este fallo es fruto de la constancia de muchos compañeros que sin revanchismos pidieron, clamaron por Justicia”.
La diputada nacional Graciela De la Rosa, viuda de Patricio Blas Tierno (fusilado en la Masacre de Margarita Belén), festejó en su silla cuando escuchó que cada uno de sus torturadores recibieron la máxima pena posible.
Cerca de ella se ubicó la hija del matrimonio Morel, ambos desaparecidos en el ’77, que se contuvo cuando mencionaron que el ex oficial y miembro de la inteligencia del Ejército José Tadeo Luis Bettolli deberá purgar 25 años en prisión.
Si bien durante este juicio no se lo juzgó por la desaparición de los Morel, en la sentencia también tomaron en cuenta el papel que habría desempeñado en la caza, tortura y posterior desaparición de los 5 militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).
En ese instante uno de los representantes del Ministerio Público Fiscal se dio vuelta para hacerle un guiño a otra víctima del ex militar; Juan Eduardo Lenscak, que respondió con un puño cerrado, en clara señal de victoria.
Y no era para menos, al tribunal no le importó que Bettolli sea ex veterano de la Guerra de Malvinas y del copamiento del Regimiento de Monte de Formosa, porque tal como lo dijo el fiscal Martín Amad, “las medallas no dan impunidad”.
El otro ex militar condenado
Luis Alberto Patetta que también prestó servicios en la inteligencia castrense recibió la misma pena que su camarada de armas. Julio y Carlos Aranda sonrieron al ver cómo quien los torturó y atormentó durante años ahora pasará un buen tiempo en un penal del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
Durante todo el juicio Patetta se mostró con una actitud soberbia. Ayer su gesto fue otro. Él deberá seguir preso en la prisión federal de Resistencia, U7, porque está imputado en el juicio por la Matanza de Margarita Belén, un crimen que ayer cumplió 34 años sin esclarecerse.
Gabino Manader, por su parte, recibió la pena máxima por ser uno de los jefes de la estructura paralela montada en la Brigada de Investigaciones para concretar el plan sistemático elaborado por las Fuerzas Armadas con la instrucción de la escuela francesa.
Manader fue el único imputado que fue nombrado por todos los testigos víctimas y hasta por sus ex colegas. En la década del ’70 la población civil del Chaco fue su blanco para sembrar el terror de Estado.
El escriba
La condena que recibió el ex policía José Francisco Rodríguez Valiente determinó que para el tribunal tomar declaración durante una sesión de tortura es un delito de lesa humanidad. Rodríguez Valiente era el escriba del grupo de tareas chaqueño. Estuvo presente en casi todas las torturas para ir escribiendo la información que arrancaban a los ex presos políticos.
La fiscalía en su momento explicó con claridad que independientemente del rol que cumplió cada uno de los imputados, todos son coautores de secuestro y tormentos agravados.
En su descargo Rodríguez Valiente intentó alegar que él no torturó y no violó, pero las abrumadora cantidad de pruebas documentales y los testimonios lo hundieron como al resto de los genocidas.
El segundo
El ex segundo jefe de la Brigada de Investigaciones Lucio Humberto Caballero no tenía una coartada sólida para explicar por qué su nombre figura en gran parte de las causas que se armaron para combatir a la subversión.
Decenas de testigos lo acusaron de formar parte del grupo encargado de concretar los arrestos. Irrumpían con violencia, a las patadas subían a los detenidos a los patrulleros y las patadas los hacían subir una angosta escalera hasta llegar a la Sala Negra.
Los jueces también le aplicaron la máxima condena, pero seguiría detenido con arresto domiciliario.
El “cabo Sotelo”, en realidad José Marín, fue uno de los guardias más perversos de la dependencia policial. Ejecutaba el acordeón mientras torturaban a los presos para tapar los gritos desgarradores de sus víctimas.
Marín hace pocos días respondió “el que estaba en la Brigada, bien preso estaba”. Fue un boomerang, porque ayer fue condenado a 25 años a raíz de todos los elementos que apuntaban contra él.
En tanto, Ramón Esteban Meza, Oscar Alberto Galarzar, Francisco Orlando Álvarez y Rubén Héctor Roldán, todos ellos ex policías deberán permanecer en prisión 25 años por haber sido autores de más un tormento agravado.
Enzo Breard y Ramón Andrés Gandola, recibieron 15 años por ser autores materialmente responsables de cometer un hecho.
Fuente: Diario Norte
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