Son 656 los procesados por delitos de lesa humanidad y ya hay 114 condenas. Ocho juicios se encuentran en trámite con 90 imputados.
El juzgamiento de los autores de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura terrorista no nace –como sostienen los epígonos del terrorismo de Estado– de un deseo de odio y venganza ni, como dicen sus aliados encubiertos, de una política que sólo mira el pasado en lugar de asentarse en el presente y el futuro. Estas deliberadas falacias tratan de encubrir sus reclamos de impunidad para los autores de aquellos aberrantes delitos. No es casual que una pseudo propuesta de pacificación nacional, sea levantada por una parte del arco de partidos opositores y cuente con el beneplácito de la jerarquía eclesiástica: se trata al mismo tiempo de beneficiar a los criminales que se está enjuiciando, y de una autoamnistía para buena cantidad de aquellos que la impulsan, que fueron cómplices activos y pasivos del gran genocidio.
Se pretende así ignorar los fundamentos jurídicos y éticos que conllevan el enjuiciamiento y la condena de los responsables de la comisión masiva de delitos de lesa humanidad. La lucha contra la impunidad y la obligación jurídica del Estado, a través de los instrumentos internacionales de derechos humanos con rango constitucional a partir de 1994, forman parte de las políticas de Estado implementadas por el Poder Ejecutivo Nacional, el Parlamento y el Poder Judicial a través de la jurisprudencia de la Corte. Nada más insostenible que la ilegitimidad o ilegalidad de los procesos y subsiguientes condenas.
Son juzgados por sus jueces naturales, en procesos orales y públicos, con las absolutas garantías para exponer sus argumentos los procesados y para el desempeño de sus letrados, y mediante la aplicación estricta del Código Penal, vigente muy anterior a los procesos.
En los 26 años trascurridos desde el fin de la dictadura, no ha habido un solo caso de justicia por mano propia por parte de las víctimas sobrevivientes, sus familiares o surgida desde el propio movimiento de derechos humanos contra aquellos que hoy muestran su arrogancia, que no se arrepienten de nada, que pregonan en las salas judiciales que lo volverían hacer y niegan la información por la que claman madres, hijos y familiares sobre el destino de las víctimas desaparecidas. Sólo exigían e impulsaban la vigencia de la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Hoy ese muro de impunidad que parecía infranqueable hasta el 25 de mayo de 2003, se ha resquebrajado y salta en pedazos. Los principios de Memoria, Verdad y Justicia son políticas públicas del Estado argentino, cuya ejemplaridad es motivo de un total reconocimiento internacional.
Claro está, que quisiéramos que todos los juicios ya se hubieran celebrado, que ciertos magistrados no fueran renuentes a darle mayor impulso y que consecuencia de ello, no hubiera muchos criminales de lesa humanidad muertos sin su condigna condena. Somos conscientes que no guarda relación la masividad de los crímenes probados, con el número de autores responsables identificados, por lo cual, el Gobierno sigue rastreando legajos y documentación en todas sus áreas, tratando de identificarlos. Mientras tanto, la Justicia prosigue su tarea, y hay una batalla que el estado de derecho ya ha ganado: la condena global del terrorismo de Estado.
El balance de la acción judicial desarrollada es éste: a fines de 2009 había 634 procesados, 156 por primera vez. En 2010, la cifra aumentó a 656, 325 con por lo menos una causa en etapa de juicio oral y público; 140 con requerimiento de elevación a juicio (88 por primera vez) y el resto aún en etapa de instrucción ( datos de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado del Ministerio Público Fiscal y de registros de la Secretaría de DD.HH.).
Contando las causas tramitadas antes de las leyes de impunidad y los juicios contra apropiadores de menores, existen 114 condenados en el país –algunos en más de una causa–, y hubo 13 absoluciones. Hubo un condenado en España (Adolfo Scilingo) y se dictó sentencia a Alfredo Astiz por apología de los crímenes de lesa humanidad. De esos condenados, 61 lo fueron hasta 2008 y otros 38 durante 2009.
En 2010, el número de condenados alcanza ya a 19 personas, cinco con condenas anteriores, por el desarrollo de seis juicios orales y públicos. Actualmente, se encuentran en trámite ocho juicios con más de 90 imputados, otros dos se iniciarán en los próximos días (el 2 de agosto en La Pampa y el 10 de agosto en Santiago del Estero, donde no se habían celebrado aún juicios) y para los próximos meses se prevé la iniciación de otros cinco juicios.
Del total de procesados, 474 se encuentran detenidos, de los cuales el 55% están alojados en unidades penitenciarias, otro 39% cumple arresto domiciliario, sólo el 4% está alojado en dependencias de fuerzas de seguridad provinciales o federales, y el 3% restante en hospitales y en el extranjero. Ya no hay alojados en unidades militares.
La Secretaría de Derechos Humanos ha asumido, desde 2003, el rol de querellante en 75 causas, incluyendo, varias mega-causas. De ellas, ya 11 han concluído con la condena de los represores. El esfuerzo de los testigos y los querellantes particulares ha sido y es enorme: con la zozobra de las campañas anónimas de amenazas y con una herida abierta en el corazón de todos: el secuestro y desaparición de Jorge Julio López, sin que hasta el momento existan pistas sobre sus autores.
Por Eduardo Luis Duhalde, Secretario de DD.HH. de la Nación
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Publicado en Miradas al Sur, 01/08/10
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